Cuando el defensor pedía una rápida ejecución

Pocos días después de rendir Gijón, los consejos de guerra sumarísimos comenzaron a enjuiciar a quienes el franquismo consideraba más peligrosos

M. Gutiérrez / P. Entrialgo

 
  Asalto al cuarte del Simancas, al inicio de la guerra. /
   C. Suárez
 

“Con las armas nacionales entra el orden, la paz y la justicia”. Eso fue lo que prometió el cuartel general de Franco en el parte de guerra con el que dio por “desaparecido” el frente del Norte. Después de 461 días de guerra, Gijón había caído. El Consejo de Gobierno había ordenado evacuar la ciudad. Belarmino Tomás y sus consejeros habían logrado alcanzar la costa francesa tras 46 horas de navegación sorteando el bloqueo marítimo. Otros no tuvieron la misma suerte. La Armada franquista apresó numerosos barcos que fueron obligados a regresar a la costa asturiana. Todo el que hubiera combatido contra los sublevados era ahora sospechoso. Cualquiera que hubiera tenido un cargo político o militar estaba sometido ahora a las nuevas leyes, las de los vencedores. Y la mayoría ni siquiera tuvo oportunidad de huir. La justicia que el bando nacional había prometido se administraba en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Las autoridaes franquistas se apresuraron a convocarlos. El 6 de noviembre, apenas 15 días después de tomar la ciudad, se celebraba el primero de ellos en Gijón. Militares a los que se acusaba de traición por no haber secundado el levantamiento, supuestos espías, altos cargos de los partidos políticos y los sindicatos, responsables de las cárceles a los que se atribuían las 'sacas' y ejecuciones de los detenidos, y quienes habían participado en la muerte de destacadas personalidades de la derecha fueron los principales objetivos. La maquinaria de la

 
 Traslado de presos durante la guerra. / C. Suárez  

venganza fue puesta en funcionamiento. No se detendría durante meses. El primer día se convocaron tres sesiones, dos por la mañana y una por la tarde. Un comandante de Caballería preside el Tribunal. Quiso comenzar su tarea por quienes habían participado en los ataques de los cuarteles de Zapadores y Simancas, cuyos defensores se habían convertido ahora en héroes de la patria. En la primera vista se sentaron en el banquillo de los acusados Constantino Valero, quien “capitaneó” el asalto a uno de los cuarteles; Florentino Argós, a quien además se le imputaba haber formado parte de “una de las innumerables checas rojas en las que se cometieron infinidad de asesinatos, y José Luis Ferrer, que según el pliego de cargos había delatado a soldados desafectos a la república para que fueran fusilados. El fiscal limitó su intervención a loar los héroes del Simancas y solicitar la pena de muerte. La sala escuchó al defensor hacer “lo humanamente posible” y el alegato final de los acusados antes de pasar al siguiente juicio. En la segunda sesión comparecieron ante el tribunal Valentín Sánchez Cuesta, que pertenecía al comité político de Infiesto y al que se acusaba de haber matado “a innumerables personas de orden y derechistas”; y Cándido Sánchez, a quien se atribuía la ejecución de un industrial gijonés y un delito de violación. Junto a ellos en el banquillo, Ana Orejas fue la primera mujer en ser procesada. Se la acusaba de entrar en el cuartel de la Guardia Civil de Los Campos

 
  Belarmino Tomás, pasando revista a las tropas. /
  C.   Suárez
 

empuñando una pistola, insultando y robando. El informe de la acusación señalaba que durante ese registro había descubierto el cadáver de un soldado y que al encontrarlo había gritado: “¡Uno menos!”. El fiscal tardó pocos minutos en solicitar la pena capital para los tres. El defensor se limita a solicitar que se les considere responsables de un delito de auxilio y no de rebelión para tratar de aminorar la pena. Tras escuchar a los reos, los jueces hicieron un alto para comer.

A las cinco de la tarde volvieron a reunirse para juzgar a nueve guardias de asalto a los que se acusaba de traición. Todos los acusados habían participado en el asalto a los cuarteles, alguno incluso había sido de los primeros en entrar. El pliego de cargos lo completaban en cada caso diversos delitos de represión, delaciones y maltrato a prisioneros. Para ellos, el fiscal reclamó la aplicación de la justicia militar “con toda rigidez”. Su defensor se limitó a argumentar que se habían limitado a obedecer órdenes. Uno de los acusados, José Costas, no niega los hechos. Y ante las preguntas del tribunal, se atreve incluso a decir que en su misma situación “se encuentran el resto de mis compañeros de entonces, los mismos que ahora me acusan”. Acto seguido, el presidente ordena despejar la sala. El consejo queda reunido para dictar sentencia. El 10 de noviembre, el tribunal hizo pública una escueta nota en la que comunicó que los nueve guardias de asalto y cinco de los civiles, incluida Ana Orejas, habían sido “pasados por las armas” tras recibir auxilios espirituales.

 
  Las casas de El Coto tras los bombardeos. / C. Suárez  

Durante la semanas siguientes, los jueces no descansarán en su tarea de ajustar las cuentas a quienes considera los elementos más peligrosos para la nueva España del caudillo. Los distintos tribunales constituidos en Asturias llegan a celebrar hasta cuatro sesiones diarias para condenar con mayor rapidez a los presos que abarrotan las cárceles. Algunas vistas se convierten en meros trámites previos al ajusticiamiento. Es el caso de la celebrada en Luarca contra el capitán gijonés Enrique Orive, a quien el fiscal considera un extremista “sanguinario y feroz”. Le atribuye la muerte de 300 personas por su propia mano. Asegura que cada noche sacaba de la checa de Gijón a un grupo de entre doce y 16 personas a las que fusilaba junto a la tapia del cementerio. “De la Iglesiona sacó una noche a 37, incluido un sacerdote. Su monstruosidad llegó al punto de llevar al cementerio a familiares de quienes asesinara momentos antes y después de obligarles a cavar la fosa de sus parientes y la suya misma darles muerte también”. El fiscal, tras detallar ampliamente estos y otros crímenes, pide al tribunal que el acusado no sea fusilado, sino ejecutado mediante garrote vil “porque no pagaría ni con cien vidas el número de asesinatos cometidos. Llegado su turno, el abogado defensor se limitó a solicitar que la pena se cumpliera “de forma inmediata”.

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